Nueva Ley de Riesgos del Trabajo

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la determinación de una instancia previa y obligatoria (art. 1, Ley 27348), en tanto lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos éstos tutelados por el art. 18, Constitución Nacional, además de los arts. 10, Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.1 del PIDESC, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, cabe revocar la resolución interlocutoria del a quo en la que consideró vigente la Ley 27348 e intimó al actor para que acreditase haber dado inicio al trámite previsto en los arts. 1º y cctes. de dicha normativa, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda, debiendo asumir sin más la aptitud jurisdiccional en la presente causa. Herrera, Carlos Rubén vs. ART Interacción S.A. s. Accidente - L

Se desestima la queja por denegación del recurso extraordinario federal incoado contra la decisión confirmatoria de la sentencia que declaró la incompetencia del fuero laboral para entender en la acción de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo y ordenó la remisión a la justicia nacional en lo civil con sustento en lo dispuesto por el art. 4, y el inc. 2, art. 17, Ley 26773, pues las decisiones en materia de competencia no constituyen sentencia definitiva excepto que concurran circunstancias que autoricen su equiparación como la denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia, lo que no acontece en el caso, y la ausencia de dicho requisito no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso. La sentencia no deniega el fuero federal, cuya intervención tampoco fue solicitada por las partes. En e

De la simple compulsa de la sentencia de primera instancia surge que la ART demandada fue condenada con sustento en la Ley 24557 y no en la ley civil, de allí que la decisión de la Cámara que abordó las impugnaciones planteadas partiendo de la base de que la condena se había fundado en el derecho civil implicó un claro apartamiento de las constancias de la causa que derivó en un inadecuado tratamiento de las apelaciones deducidas. Máxime cuando la apelación de la aseguradora relativa a la aplicación de la Ley 26773 involucraba cuestiones que la CSJN abordó en la causa "Espósito". Lo señalado resulta suficiente para descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido sobre la base de la conocida doctrina del Tribunal sobre arbitrariedad de sentencias. De ahí que corresponda devolver las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento que atienda de manera apropiada los recursos interpuestos por las partes. Se hace lugar a la queja, se declar

Se admite la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se revoca la decisión recurrida en cuanto, al admitir la demanda por reparación de la incapacidad laboral incoada con base en las normas civiles, desestimó la procedencia del rubro lucro cesante pasado con sustento en que el trabador denunció en la demanda que el distracto obedeció al acogimiento a un retiro voluntario, por lo que la pérdida de ingresos no podía atribuirse al principal, ya que el operario había aceptado acudir al mercado laboral con la incapacidad que portaba en lugar de permanecer en la empresa con tareas acordes, omitiendo considerar que el empleador arguyó desde el inicio que el distracto obedeció a un despido sin causa, lo que quedó plasmado en el acuerdo suscripto y homologado en sede administrativa, del que surge el pago de conceptos tales como la indemnización sustitutiva del preaviso y la indemnización por antigüedad, de modo que, en orden al rechazo de dicho rubro, el pronunciamient

Se declara procedente el recurso extraordinario y revoca la sentencia apelada en lo que atañe al monto de la indemnización determinado por la Cámara, pues si bien es cierto que los criterios para fijar el resarcimiento de los daños remiten al examen de una cuestión de hecho y derecho común, la tacha de arbitrariedad resulta procedente cuando la solución no se encuentra debidamente fundada. Tal situación es la que se verifica en el caso en el que el a qua se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamentación o cálculo que le otorgue sustento válido. Así, la Cámara elevó la condena a una suma cercana al triple del importe estimado por la propia actora en su demanda mediante la mera invocación de pautas de extrema latitud que no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para establecerla. Solo indicó, al efecto, que tomaba en consideración un salario de $ 1.526 y una incapacidad del 17,32 %, elementos que, aunque tie